La aceleración de las exigencias normativas que el Estado contemporáneo impone viene comportando una creciente desatención al modo como las leyes y otras normas jurídicas son elaboradas. Los poderes públicos se empeñan –y ello es sano– en resolver los problemas de la ciudadanía, pero insisten con excesiva frecuencia en hacerlo sin reparar en el modo mejor. Y puesto que no existe en un Estado moderno otro método para actuar políticamente que el de arbitrar las correspondientes medidas a través de normas jurídicas, esa despreocupada fiebre por actuar de cualquier manera termina redundando en defectos normativos. Sucede sin embargo que en un Estado democrático y de derecho como es el nuestro, la forma en que el poder se ejerce reviste tanta importancia como el ejercicio del poder mismo. A fin de cuentas, una norma jurídica mal hecha es también un mal vehículo de la voluntad popular que en ella se articula, como quiera que por eso mismo puede incluso resultar difícil descifrarla. De ahí que la técnica normativa no sea sólo una exigencia del derecho, y por ende de la libertad, sino igualmente una necesidad de la democracia y de la justicia