La protección y el reconocimiento de las víctimas del terrorismo constituyen un compromiso esencial y permanente del Estado democrático de derecho. En un país como España, duramente golpeado por la violencia terrorista en diferentes momentos de su historia reciente, el respeto a la memoria de las víctimas y la garantía de sus derechos son una obligación moral y jurídica, y además un pilar de la convivencia, la justicia y la democracia.
El movimiento asociativo de las víctimas del terrorismo en España ha desempeñado un papel primordial en la configuración del marco normativo vigente sobre la materia. Las demandas y el activismo de estas asociaciones fueron decisivos para la aprobación de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las víctimas del terrorismo, que supuso el primer hito sobre el que asentar una política pública de solidaridad, reconocimiento y apoyo a las víctimas del terrorismo.
Posteriormente, su participación activa y sostenida en el diálogo con los poderes públicos contribuyó de manera decisiva a la redacción y posterior aprobación de la vigente Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.
Esta norma representa un avance cualitativo en la concepción de los derechos de las víctimas, estableciendo un marco integral. Esta norma fue desarrollada a través de un Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que aspectos asistenciales, económicos, educativos, sanitarios, laborales, psicológicos, judiciales y memorísticos.
Este proceso participativo fortaleció la legitimidad del sistema legal y favoreció su implantación efectiva, constituyendo un ejemplo paradigmático de cooperación entre la sociedad y las instituciones del Estado.
La implicación activa de las asociaciones ha contribuido decisivamente a situar a las víctimas del terrorismo en el centro de las políticas públicas, y ha permitido construir un modelo de atención basado en los principios de dignidad, memoria, verdad y justicia.
Asimismo, a nivel estatal ha de destacarse la Ley 4/2015, del Estatuto de la Víctima del Delito, fruto de la transposición al derecho interno de la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos. Esta Ley establece los derechos, la protección, la asistencia y la reparación que tienen las víctimas de delitos —no solo las de terrorismo—, tanto dentro como fuera del proceso penal. Durante la ejecución penal introduce un conjunto de derechos destinados a las víctimas, como la posibilidad de recurrir determinadas resoluciones dictadas sobre la situación penitenciaria de los condenados, ámbito tradicionalmente reservado en exclusiva a las administraciones públicas.
A este cuerpo normativo se suma una pluralidad de leyes autonómicas en materia de víctimas del terrorismo, aprobadas por diferentes comunidades autónomas en ejercicio de sus competencias, que complementan la legislación estatal mediante medidas específicas de asistencia, memoria y reparación a las víctimas del terrorismo y sus familias, complementando los derechos reconocidos a nivel nacional en sus respectivos territorios.
El catálogo también incluye la referencia a la normativa comunitaria, destacando la Directiva 2012/29/UE, que fija los estándares mínimos comunes en todos los Estados miembros de la Unión Europea para garantizar los derechos de las víctimas de delitos, entre ellas las víctimas del terrorismo.
La Comisión Europea ha propuesto una modificación de la Directiva 2012/29/UE, que establece normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos. Esta propuesta busca fortalecer y ampliar los derechos de las víctimas, con especial atención a grupos vulnerables y a la cooperación entre Estados miembros y se encuentra en proceso de deliberación en las instituciones europeas.
Esta modificación se enmarca en la Estrategia de la UE sobre los Derechos de las Víctimas (2020–2025) que refuerza este compromiso a través de seis pilares: aplicación efectiva de derechos, acceso a apoyo y protección, participación en la justicia, cooperación institucional, atención a colectivos vulnerables y fortalecimiento del papel de las organizaciones civiles.
Cabe destacar que, durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023, se aprobaron las Conclusiones para mejorar el apoyo y reconocimiento a las víctimas del terrorismo, aprobadas en el Consejo JAI de 4 de diciembre de 2023, que complementan las aprobadas por el mismo Consejo el 22 de junio de 2018.
Estas conclusiones reafirman el compromiso de España con las víctimas del terrorismo y centran la atención de la Unión Europea en las víctimas del terrorismo, señalando medidas concretas que deben adoptar tanto los Estados miembros como la Comisión Europea en relación con este colectivo.
Este trabajo de recopilación normativa aspira a ser una herramienta útil, tanto para quienes trabajan en la aplicación y desarrollo de políticas públicas en favor de las víctimas, como para las asociaciones y fundaciones que las representan y los profesionales que las asisten.
Normativa comunitaria:
Directiva 2012/29/UE, de 25 de octubre, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo. Esta directiva entró en vigor en noviembre de 2015 en todos los Estados miembros, excepto Dinamarca.
El valor añadido de esta recopilación reside en su constante actualización por parte de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado de las normas incluidas en el sumario, lo que nos permite confiar en la plena validez de los textos compilados. A ello se añade la accesibilidad al código en línea y la usabilidad de los formatos electrónicos disponibles (PDF y ePUB), lo que convierten a este Código en una herramienta muy valiosa para todos aquellos interesados en la normativa para garantizar los derechos de las víctimas del terrorismo.
Se puede adquirir, en soporte papel, en tienda.boe.es o en la Librería del BOE, calle Trafalgar, 27, 28010 Madrid, a través de la modalidad de impresión bajo demanda (IBD).
- Edición: Primera, octubre de 2025.
- Páginas: 313.
- Encuadernación: Rústica.
- Formato: 17 x 24 cm.
- Colección: Códigos electrónicos.
- Materia: Derecho constitucional.
- ISBN: 9788434030978.
- PVP (IVA incluido): 13 € (12,34 € si la compra se efectúa a través de la tienda virtual).
También puede descargarse gratuitamente la versión electrónica (PDF o ePub) a través de la Biblioteca Jurídica Digital de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.
Otros títulos de Códigos Electrónicos.
IMPORTANTE: Si desea recibir información sobre las novedades editoriales del BOE puede solicitarla a través del siguiente enlace:
🔗 Boletín Electrónico de Novedades (BEN)
Y si desea conocer la actividad editorial de la Agencia puede consultar el
🔗 Catálogo General de Publicaciones
